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En un proceso de divorcio es necesaria la intervención de abogado y procurador, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como contencioso.

En cualquier caso, aun si es de mutuo acuerdo, es más que recomendable que cada cónyuge se asesore de forma independiente. Un solo abogado difícilmente puede asesorar debidamente a ambos cónyuges a la vez.

Se expone a continuación la documentación básica que debe recopilar todo aquel que pretenda solicitar su divorcio, en particular, cuando el acuerdo, de momento, no es posible:

  • Poder para pleitos ante Notario en favor de un procurador.
  • Certificados literales de la inscripción del matrimonio y nacimiento de los hijos en el Registro Civil.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Capitulaciones matrimoniales (en el caso de que se hayan otorgado).
  • Documentos de que se disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges: declaraciones tributarias, nóminas, extractos con movimientos bancarios…
  • Título por el que se ocupe el domicilio familiar (nota simple para acreditar la propiedad o, en su caso, contrato de arrendamiento u otro).
  • Justificación del préstamo hipotecario (si lo hay).
  • Certificados o justificación referente a los gastos de los hijos (si los hay) como escolaridad, actividades extraescolares, sanidad, vestido, gastos del domicilio, etc.

En aquellos asuntos en los que la guarda y custodia de los hijos resulte controvertida, aquel que la reclame deberá tratar de acreditar su idoneidad para ocuparse de los menores. En estos casos, a modo ilustrativo, pueden resultar muy útiles certificados del colegio sobre la diligencia o atenciones del progenitor o del centro de trabajo que contengan extremos tales como la jornada o el horario del progenitor o si se permite flexibilidad para compatibilizar la vida familiar y profesional.

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La pensión compensatoria se reconoce a aquel de los cónyuges a quien el divorcio produce un desequilibrio económico.

¿Qué deberá acreditar aquella persona que, en su divorcio, quiera que se le reconozca una pensión compensatoria a cargo del otro cónyuge?

Los Tribunales son cada vez menos proclives a reconocer en el divorcio estas prestaciones compensatorias entre cónyuges. Lo que se pretende es que, con carácter general, los ex cónyuges gocen de autonomía económica por sí mismos. Lo excepcional es conceder esta pensión y para ello deberá acreditarse:

  1. Sacrificio o pérdida de capacidad laboral por una mayor dedicación a la familia que le privó de expectativas laborales.
  1. Enriquecimiento del otro a causa de un trabajo o una actividad profesional a la que se pudo dedicar plenamente debido a que el otro cónyuge asumió una mayor dedicación a la familia

Como nos recuerda el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su sentencia de 17 de mayo de 2013:

La simple desigualdad económica, sin más, no determina un automático derecho al reconocimiento de una pensión de este tipo si no es consecuencia de la mayor dedicación a la familia de uno de los esposos.

El principio de dignidad contenido en el artículo 10 CE debe servir de argumento para justificar la independencia económica de los cónyuges una vez extinguido el matrimonio.

Además, debe valorarse en cada caso el concreto régimen económico matrimonial a que han estado sujetos los cónyuges durante el matrimonio (separación de bienes o sociedad gananciales) pues éste puede hacer desaparecer o minorar el posible desequilibrio que cause el divorcio (a causa de los beneficios que puedan recibirse como consecuencia de la liquidación de dicho régimen económico matrimonial).

Hasta ahora, la extinción del uso de la vivienda familiar atribuido a los hijos menores y al progenitor custodio venía condicionada a que los hijos mayores de edad alcanzasen independencia económica.

 Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su sentencia 707/2013, de 11 de Noviembre, recordando la doctrina legal sentada en la sentencia del Pleno de 5 de septiembre de 2011, viene sosteniendo que la mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces los ex cónyuges justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda al progenitor custodio, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación.

 Es decir, que cuando los hijos alcancen la mayoría de edad, podría revisarse esta medida e incluso solicitarse la extinción de este derecho de uso.

Nos ocuparemos en este caso de la conducta de uno de los miembros de la pareja que, ante la ruptura, se apodera de hecho de bienes que son comunes. Por supuesto que estos bienes, cuando se liquide la sociedad de gananciales, deberán reintegrarse al fondo común por el cónyuge que ha dispuesto del patrimonio común en beneficio propio, pero no sólo eso.

En una reciente sentencia (Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, sentencia 100/2013 de 14 de Febrero de 2013), el esposo es condenado, además, como autor de un delito de apropiación indebida, a la pena de dos años de prisión por retirar indebidamente fondos de cuentas compartidas con su ex esposa, gastándose en beneficio propio todo lo extraído.  

Y es que respecto a los bienes integrados en la sociedad de gananciales, ninguna de las normas del Código Civil  permite a uno de los cónyuges hacer exclusivamente suyos los bienes gananciales, en perjuicio de la sociedad y del otro cónyuge.

¿Qué tiene que suceder para que una apropiación indebida entre cónyuges pase de la jurisdicción civil a la penal?

En el caso mencionado, dado que la extracción se hizo a pocas fechas después de la separación de hecho, no fue aplicable la excusa absolutoria del art. 268 CP. Recordaremos que dicha excusa absolutoria exime de responsabilidad criminal a los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación o divorcio por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí.

Conviene extremar la precaución, por lo tanto, ante la tentación de uno de los cónyuges, de llevar a cabo conductas de este tipo. El cónyuge que administre y disponga del patrimonio común en beneficio propio, no sólo deberá responder en sede civil y reponer los bienes sustraídos, sino que también deberá responder criminalmente con penas, incluso, privativas de libertad, es decir, prisión.