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En ocasiones, el interés de los hijos menores exige que los poderes públicos deban intervenir para asegurar el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado que favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor, a tenor del mandato contemplado en el artículo 39 de la Constitución, que asegura la protección social, económica y jurídica de la familia.

Los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil.

Los abuelos, normalmente ajenos a las situaciones de ruptura matrimonial, pueden desempeñar un papel crucial para la estabilidad del menor.

Disponen de una autoridad moral y de una distancia con respecto a los problemas de la pareja que puede ayudar a los nietos a racionalizar situaciones de conflicto familiar, favoreciendo en este sentido su estabilidad y su desarrollo, contrarrestando situaciones de hostilidad o enfrentamiento y dotando al menor de referentes necesarios y seguros.

En esta línea, nuestro Código Civil prevé que el ámbito familiar no se circunscriba únicamente a las relaciones paterno-filiales que, aunque prioritarias, no pueden aislarse del resto de relaciones familiares, en especial, las de los menores con sus abuelos.

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El Tribunal Supremo viene sosteniendo que el mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria a nombre de dos o más personas, no determina por sí solo la existencia de una copropiedad sobre los saldos sino que habrá que atender a la propiedad originaria de los fondos.

La cuenta corriente bancaria expresa una disponibilidad de fondos a favor de los titulares contra el Banco que los retiene pero la posición de los titulares indistintos no atribuye ningún derecho de propiedad a los fondos o valores disponibles.

La cotitularidad, por la apariencia, solo da base, como mucho, para generar una presunción simple de copropiedad, pero el determinar si esa presunción se corresponde con la realidad es cuestión ajena totalmente a la relación de los titulares con el Banco.

Decretado el divorcio, ¿quién debe abonar la comunidad de propietarios? ¿El cónyuge al que se adjudica el uso de la vivienda familiar, o ambos cónyuges cuando los dos son copropietarios de la vivienda?

De acuerdo con el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal el pago de los gastos de comunidad corresponde a los propietarios, si bien nada obsta a que un Tribunal de familia acuerde, en aras al equilibrio económico entre las partes (art. 103 C. Civil), que el ex cónyuge que utilice la vivienda común, sea el que deba afrontar los gastos ordinarios de conservación, incluida la comunidad de propietarios, pronunciamiento que no sería contrario al art. 9 de la LPH.

Y es que “en las relaciones internas entre los cónyuges, igual que en las relaciones internas entre inquilino y propietario, puede la sentencia matrimonial, en el primer caso, como el contrato de inquilinato, en el segundo, alterar el responsable de su pago”. Así lo establece el Tribunal Supremo (Sala 1ª) en su sentencia nº 508/2014, de 25 de septiembre.